Argentina 2015, una oportunidad

Aportes desde la Ciencia Política y la Historia para superar la crisis a partir de 2015

Meliton MartinezPor Héctor Melitón Martínez(*)

Introducción

En Argentina, desde el año 2013, vemos como un proyecto político que tuvo como características la concentración de poder, severos déficit en los controles horizontales, escasa pluralidad, desdibujada separación de poderes[1], empieza a transitar un desencanto, que se traduce en un malestar social, al que se le suma un fuerte conflicto económico acompañado por una importante inflación, que perjudica con mayor fuerza a los sectores de menores recursos —que el gobierno dice proteger— y coloca tanto al gobierno como a la oposición en un dilema de difícil solución: de continuar en el marco del paradigma adoptado o encarar cambios políticos culturales.

En el transcurso de nuestra historia, vemos que en general han sido cuatro las etapas en que el poder, durante gobiernos con legitimidad de origen, se concentró en una sola persona. En 1829/1852 durante el gobierno de Rosas; en 1945/1955 durante el gobierno de Perón, la presidencia de Menem (1989/1999) y actualmente, desde el 2003, en el tercer mandato de los Kirchner. Sabemos lo que pasó en las tres primeras etapas mencionadas, pero no lo que pasará en la actual que todavía está en vigencia.

Para tener una idea, analizaremos las etapas ya vividas, centrando fundamentalmente nuestra atención en las características del proyecto que los sucedió, y delinearemos algunas peculiaridades que tendría que tener el proyecto que seguirá a la etapa actual.

La historia y la actualidad

La primera etapa histórica analizada es la que transcurrió desde 1829 a 1852, el mandato de Juan Manuel de Rosas. No es objeto de este trabajo analizar el mismo pero sí debemos dejar sentado que tuvo las siguientes características: su mandato fue autocrático, con la suma del poder público, quizás necesario para apaciguar la anarquía que reinaba en ese momento. La mayoría de sus opositores estaban exilados en Chile y Uruguay. Existía un aparato represor, la Mazorca, que monopolizaba la violencia del sector gobernante.

La oposición, que en un primer momento fueron los unitarios y luego se sumaron los federales disidentes con Rosas, se abocó a combatir con la pluma los excesos del poder y fundamentalmente a definir cómo sería la Argentina posrosista. La llamada generación del 37 (Alberdi, Sarmiento, Mitre, Echeverría, Vélez Sarsfield, etc.) se caracterizó por no sólo ser antirosista, sino por generar las bases para ser posrosista, es decir trascenderlo[2].

El segundo período analizado, 1946 a 1955, gobierno del General Juan D. Perón, también generó grandes enconos en el sector opositor pero aquí vemos cómo esa oposición se concentró en combatirlo, en derrocarlo y no en pensar en los lineamientos del país que debía sucederlo.

Estos dos ejemplos nos muestran con claras evidencias: en el primer caso un proyecto que duró aproximadamente 70 años, 1860/1930, que colocó a nuestro país en una posición destacable en el grupo de las naciones más importantes del mundo. La república Argentina a principios de 1900, ocupaba el séptimo lugar de las naciones con más alto PBI por habitante, además marcó una estabilidad política que, no libre de tensiones, duró 70 años. Claro, todo esto en el marco de un paradigma mundial de finales del siglo XIX y principios del XX que nada tiene que ver con el mundo globalizado del actual siglo.

En el segundo ejemplo, 1946-1955, quienes sucedieron al General Perón, sólo persiguieron a sus antecesores, los proscribieron, con la consiguiente degradación de la democracia que se intentaba restaurar, generando tensiones que perduraron durante años. Al carecer de un proyecto superador, como había tenido la generación del 37, los conflictos políticos y económicos se sucedieron y es así que dieciocho años después regresó al poder el General Perón y dijo: “Volvimos, no porque seamos buenos, sino porque los que estuvieron antes que nosotros fueron peores”.

Estos dos ejemplos, nos muestran la diferencia de los sectores que se opusieron a regímenes autocráticos y con poder concentrado.

El gobierno de Menem, 1989/1999, tuvo dos períodos. El primero donde se frenó la hiperinflación y se encaró una reforma del Estado que fue acompañada de la privatización de las principales empresas estatales. El segundo, producto de una reforma constitucional surgida de un pacto entre los dos líderes de los partidos políticos más importantes de Argentina —el pacto de Olivos— donde, al igual que el primero, la corrupción y los negociados fueron una constante. Tenemos que partir de la premisa que tanto las privatizaciones como las estatizaciones, siempre fueron un fructífero caldo de cultivo para la corrupción de la dirigencia del Estado. Una diferencia que podemos señalar con respecto a las otras presidencias que analizamos, es que no fue tan autoritario y que no buscó la división y el enfrentamiento de la sociedad.

Lo sucedió la Alianza, conformada por el Radicalismo y el FREPASO; este heterogéneo frente tampoco tuvo la sabiduría que vimos en los que sucedieron a Rosas en el siglo XIX, su acción se volcó a perseguir y denunciar los desastres de la gestión anterior, pero sin cambiar los aspectos estructurales, como por ejemplo la convertibilidad, o las prácticas poco republicanas de gobernar —recordemos el tema de la compra de legisladores para reformar las leyes laborales—; al poco tiempo la Alianza explotó internamente y luego, por las presiones de la economía desmadrada y otras de carácter político, el presidente tuvo que renunciar llevando al país a una de las peores crisis a comienzo de este nuevo siglo.

En la actualidad, ¿vemos una oposición que se asemeje en la práctica a esa que a partir de 1860 interpretó el mundo que se vivía y generó ideas que, en ese marco mundial, permitiera que la República Argentina creciera y se desarrollara, o vemos una oposición que se asemeja al ejemplo histórico de 1955 o de 1999, con una dura oposición pero sin lineamientos estratégicos que permitan revertir males estructurales que nos detienen en el desarrollo?

Con este interrogante no estamos haciendo referencia a valores y posturas ideológicas. Cuando digo que se asemeja en la práctica, nos referimos en no centrar la acción en ser anti, en combatir la acción del gobierno solamente, nos referimos a ir gestando un proyecto que interprete el mundo en que vivimos, que aproveche las oportunidades que se presentan y que proyecte los cambios necesarios para superar los problemas estructurales que nos limitan como Nación.

La oposición, entendida como ese 70% que en las últimas elecciones (2013) no votó al oficialismo, se caracteriza por estar fragmentada, un poco porque esa fue la estrategia del sector gobernante, y otra por la exacerbación de los individualismos y los denominados “vedetismos” que contribuyeron en gran parte a la fragmentación. En definitiva, prevaleció el principio de “divide y reinarás”. Esta situación, demanda un profundo cambio de actitud, demanda una oposición que no se “amontone” sólo para criticar y combatir a un gobierno que centraliza con mano de hierro el poder en la cúpula, con una actitud de salvadores de la patria y con severos déficit en los mecanismos de control y de rendición de cuentas.

Debe aparecer una oposición que, más allá de sus diferencias, se unifique detrás de “Políticas de Estado”, que se diferencian de las “Políticas de Gobierno”, a las cuales estamos tan acostumbrados en estos últimos años, porque las primeras son de largo plazo, con miras al desarrollo integral del país, mientras que las últimas son de corto plazo, coyunturales y tendientes a una nueva reelección.

Estas políticas de Estado no deben ser muchas, ni constituir un rosario de buenas intenciones, como el reciente listado de metas y objetivos anunciado por el jefe de gabinete nacional (204 objetivos y 272 metas, en enero 2014); deben ser consensuadas por una amplia base, no sólo por los sectores políticos, sino también por sectores de la sociedad civil, y debe existir un compromiso formalizado de los distintos sectores para lograr su concreción. Estas políticas deben tener las características que se exigen para definir un objetivo, es decir bien definidas, que sean claras y que sean posibles de alcanzar, de lo contrario se transforman en utopías que terminan en frustración por ser inalcanzables o inviables. Además deben trascender aspiraciones personales o sectoriales.

Ordenamiento territorial

Uno de los principales temas que se deberían abordar, pasa por un ordenamiento territorial y administrativo. El macrocefalismo porteño es un impedimento importante para lograr el desarrollo armónico del país. Tenemos regiones desoladas como Santa Cruz, con 0,7 hab/Km2, La Rioja 2,5 hab/Km2, y por el otro lado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 15.000 hab/Km2, llegando en algunos barrios de emergencia a 50.000 hab/Km2.

Esta concentración poblacional es un problema geopolítico estructural que se vio agravado luego de la reforma constitucional de 1994, al promulgarse el voto directo para la elección de Presidente de la Nación. La CABA, el Conurbano y la provincia de Buenos Aires reúnen casi el 40% de los votantes del país. A partir de esa reforma pasó a ser una condición sine qua non lograr la mayor influencia política en esa área, para lo cual otras regiones del país pasaron a aportar recursos al tesoro nacional, que son volcados para la acción social en esta zona de gran concentración poblacional y en muchos casos para el clientelismo político que permitió el dominio de estas áreas, de valor estratégico para la continuidad política.

Federalismo

Otro tema estructural es la restauración del federalismo, ya que estamos viviendo una ficción del mismo. Es de entender que la concentración de poder y recursos influye en forma directa sobre las autonomías provinciales y locales. Dice un editorial actual de “La Nación” (9/3/2014) que “el actual modelo, basado en el unitarismo fiscal, exige a las provincias convertirse en súbditas del Poder Ejecutivo Nacional para recibir recursos”. No puede haber federalismo político si no hay federalismo económico y la cuestión de la coparticipación nacional es algo no solucionado desde 1994, siendo uno de los factores que, junto a otros como los ATN (adelantos del tesoro nacional), promociones industriales, fondos solidarios y créditos de la Nación, son los que más afectan al federalismo y favorecen la concentración de poder en el Ejecutivo Nacional. Ahora bien, los gobiernos provinciales, tanto oficialistas como opositores, ¿hacen algo para revertir esta situación? ¿O es más fácil evadir la responsabilidad que implica un cambio de sistema, de tener que recaudar y administrar la mayor parte de sus recursos, que seguir como hasta ahora, viviendo de la ayuda discrecional del poder central?

Unidad Nacional

La unidad nacional, es también otro tema a contemplar en un diseño de políticas de Estado. Es imprescindible para consensuar la más amplia base que legitime ese pacto tendiente a restaurar el desarrollo de la Nación (cuando hablamos de desarrollo nos referimos al político, económico y espiritual, es decir al integral). Para poder recrear la exigencia de la Unidad Nacional, que está impuesta, además, por nuestra Constitución Nacional, tenemos que partir de que en las últimas décadas, en Latinoamérica, especialmente en los países inclinados hacia populismos autoritarios[3], se profundizó la fragmentación social, producto de marcadas desigualdades pero también por la implementación de una intolerancia alentada desde el poder. Nuestro país está en el grupo de aquellos en que ha crecido la intolerancia, especialmente en la última década. Somos poseedores de una frondosa experiencia histórica de incremento y declinaciones de la intolerancia, que nunca se consolidó en una conciencia en sentido contrario, es decir de tolerancia. Debemos entender la intolerancia como una actitud propia del ser humano, en la cual ni siquiera reconocemos al otro, pues ese otro es un enemigo al que hay que destruir.

Esta forma de actuar en la política la teoriza Carl Schmitt[4], quien expresa: “para que esta relación nosotros /ellos fuera política, debía, por supuesto, tomar la forma antagónica de una relación amigo /enemigo”, idea que retoma como base de su teorización del populismo Ernesto Laclau[5], que es muy escuchada por el actual gobierno. La intolerancia, tan arraigada en nuestra cultura, es algo propio de sociedades predemocráticas. Era algo necesario en los comienzos de las sociedades humanas (clanes, tribus), donde la vida no era posible sin esa feroz energía que se imponía hacia fuera, para defenderse de los enemigos y hacia adentro para imponer la autoridad incuestionable del líder sobre sus súbditos. Con el transcurso del tiempo y producto de la evolución de las sociedades, los grupos humanos se acercaron más al concepto de tolerancia y vieron la necesidad de que todos se sometieran a reglas de convivencia, es decir, aparecieron los pactos fundacionales llamados constitución.

En Argentina fueron varios los intentos de disminuir esa intolerancia, siendo el más claro el que se dio luego de Caseros (1852), con la firma del “Pacto de San Nicolás” que permitió darnos una Constitución y cerrar la intolerancia que desde 1816 se daba entre unitarios y federales. No obstante durante el siglo XX vivimos varios brotes de intolerancia (1930, 1943, 1955, 1973). En la actualidad y a partir del 2003, se desvaneció cualquier esperanza de crear un freno a esa vocación nacional, “la intolerancia”. Algunos autores la consideran como endémica en Argentina: Mariano Grondona en su libro El Poskirchnerismo, en su página 67, dice: “Cuando se advierte que los argentinos hemos encontrado a lo largo de la historia las más diversas razones para odiarnos, ya fuera entre unitarios y federales, entre conservadores y radicales, entre peronistas y antiperonistas, entre montoneros y militares y que el propio Kirchner es el más reciente ejemplo del encono a quien no se le somete por entero, uno empieza a sospechar que somos, quizás, odiadores por naturaleza”.

Esta intolerancia frena la paz interior y la unidad nacional imprescindible para el progreso y el desarrollo. La oposición o el sector que asuma el poder a partir del 2015, deberá revertir esta cultura de la intolerancia, especialmente con ejemplos.

Restauración del republicanismo

Otro aspecto para incluir en este consenso de puntos básicos para el desarrollo argentino es la restauración del sistema republicano[6], en especial en lo que se refiere a la independencia de poderes y el cumplimiento de sus funciones específicas, esencialmente de control y balance entre poderes, tal cual lo establece nuestra Constitución Nacional.

Hay una diferencia fundamental entre un gobierno republicano y uno de tipo autoritario. El primero se basa en consensos, en pluralidad, en participación activa de la sociedad civil, y el segundo en “mandar” desde la cúspide del poder político. En estos últimos diez años hemos visto el segundo y para que esto se materialice es necesario dominar el Congreso y la Justicia, con la excusa que, de ser diferente, se afectaría la “gobernabilidad”. Este concepto no es patrimonio sólo del actual gobierno, ya que es muy aceptado también por amplios sectores de la llamada oposición, por lo que en el Congreso sus representantes no son suficientemente terminantes en este tema, más los que tienen ciertas posibilidades de ser alternativa en el 2015. Esta situación nos lleva a reflexionar por qué no se animan a enfrentar los desafíos que implica cambiar una cultura política tan arraigada en este sistema.

El artículo 29 de nuestra Constitución Nacional dice: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”. Este artículo finaliza diciendo que actos de esta naturaleza son de insoslayable nulidad y sus autores serán penados por “infames traidores a la patria”. No obstante, este artículo ha sido violado constantemente a pedido del Ejecutivo Nacional con el apoyo del Congreso y el beneplácito del Poder Judicial. Se concedieron una y otra vez los famosos “superpoderes” que le permitieron al ejecutivo manejar a su antojo el presupuesto nacional, posibilitando la concentración de una “caja” que fue la herramienta de dominación[7] [8].

También en el Poder Judicial, vemos la dominación del ejecutivo, además de los intentos de “democratizar la justicia”, verdadero disparate que llevaba implícita una burda maniobra para disciplinar a los jueces y camaristas que no le eran adictos. Vemos cómo se desviven, hasta con fuertes costos políticos, para dominar el Consejo de la Magistratura y poder desde allí influir en el nombramiento y remoción de jueces. Estas maniobras además de ser apoyadas por sectores del Poder Judicial afines, son en el Congreso, no sólo aprobadas por sus seguidores, sino que también son apoyadas por amplios sectores de la “oposición”. Por último no debemos de dejar de hacer mención al abuso de los llamados DNI (decretos de necesidad y urgencia) que, en reiteradas oportunidades, no respondían a ninguna urgencia y sí a eliminar el control parlamentario.

Reflexiones finales

Los temas considerados en este artículo, ordenamiento territorial, restauración del federalismo, unidad nacional, prácticas republicanas, son los aspectos básicos para sustentar esas tan reclamadas políticas de Estado, que nos permitirían, con una visión estratégica, transitar un camino de desarrollo nacional. La concreción de los aspectos señalados es una tarea que debe ser asumida y guiada por una dirigencia política que, además de ser legitimada por la ciudadanía, debe reunir como mínimo las cualidades que señala claramente Max Weber, en La Política como vocación, que son la pasión (como entrega a una causa), el sentido de responsabilidad y la mesura.

Desgraciadamente, lo que se puede percibir actualmente es una oposición muy cómoda en su rol, que muestra escasas señales de asumir —en un futuro próximo— el cambio político y cultural que reclamamos tanto a la dirigencia como a la ciudadanía. No se percibe claramente una vocación para enfrentar los desafíos que ello implica; es más fácil seguir con los paradigmas populistas y demagógicos que diseñar un cambio y enfrentar las resistencias que surgirán, ya sea por acostumbramiento de una forma de gobernar que se institucionalizó o por cuestiones ideológicas que operan como dogmas. Esto se aprecia comparando los ejemplos históricos que mostramos y lo que actualmente vemos, una oposición muy activa en la crítica, con propuestas que no profundizan en los cambios que se necesitan para salir de este atolladero que, con el tiempo, se ha institucionalizado. No sólo es necesaria la eliminación de la corrupción, hay que ver cuáles son los problemas estructurales por la cual ella crece en el Estado.

Pareciera que los futuros postulantes a alcanzar el gobierno de la Nación, sintieran un temor a la “ingobernabilidad” y que ella surgiría de no contar con el dominio de los otros poderes, como así también de existir y operar con independencia los órganos de control que establece nuestra Constitución Nacional. Asimismo se aprecia en gran parte de la sociedad, una profunda anomia, incentivada por los ejemplos que vienen de los sectores dirigenciales. Es por eso que se impone, lo antes posible, un cambio político que actúe sobre el campo cultural para revertir esta tendencia.

Esta es la oportunidad, es un mandato de esta generación para dejar anuestros hijos un proyecto superador de la declinación actual. Es un deber moral para nuestros antepasados y para aquellos que vendrán en el futuro.

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Héctor M. Martínez – Licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Profesor de Grado en Ciencia Política, UNR. Coronel (R) del Ejército Argentino.

Este artículo se encuentra publicado en el Anuario 2013-2014 del CEID – Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo – Un análisis del mundo desde el Sur. ISSN 2422-667X.

[1] O’Donnell, Guillermo; Iazzetta, Osvaldo; Quiroga; Hugo. Democracia Delegativa. Buenos Aires: Prometeo, 2011.
Grondona, Mariano. El Poskirchnerismo (Capítulo 1, “Las Oposiciones”). Sudamericana, 2009, p. 10.
[3] Quiroga, Hugo, en su trabajo “Parecidos de familia” inserto en Democracia Delegativa, op. cit., en la pagina 43 dice: “La conclusión lógica de la política arquitectónica del mero poder (negación del edificio institucional, intolerancia, el rechazo del disenso, la distinción entre amigos y enemigos) es el desplazamiento hacia el autoritarismo.
[4] Schmitt, Carl. El Concepto de lo Político. Madrid: Alianza 1998.
[5] Laclau, Ernesto. La Razón Populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005.
[6] Ignacio Molina y Santiago Delgado dicen: “La limitación temporal del ejercicio del poder, hace que, en teoría, la república sea incompatible con los populismos, que priorizan el consentimiento difuso de las mayorías sobre la selección periódica de los capaces, y las oligarquías, donde la elite gobernante ha dejado de servir a la comunidad y busca perpetuarse en el poder”. Molina, Ignacio y Delgado, Santiago. Conceptos Fundamentales de Ciencia Política. Madrid: Alianza, 1998.
[7] Guillermo O’Donnell en su libro Democracia Delegativa, en la página 27, relata cómo en 2011, una maniobra del Ejecutivo, aprovecha la intransigencia de la oposición en el Congreso y le permite aprobar como presupuesto nacional de 2011 el presupuesto del año anterior. Esta hábil encerrona le permitió una subvaloración de recursos aún mayor a lo ocurrido en años anteriores.
[8] Weber, Max. Escritos Políticos I. La política como vocación. México: Folios Ediciones, 1984, p. 349.

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