Cómo resultaría militarizar la lucha contra el narcotráfico

Mazzino RPor: Rodolfo Mazzino*

INTRODUCCIÓN.

En su reciente visita a PARÍS, el Sr Mtro. de Defensa expresó que ”… Contra el narcotráfico, las FF.AA apoyan a las FUERZAS de SEGURIDAD especialmente en la frontera Norte. No es conveniente involucrarlas más a tenor de los malos resultados en MÉXICO, por ejemplo…” (Tiempo Militar, 18/06/2016).

Con fecha 10 de Agosto de 2016, la organización civil “In Sight Crime(ISC) especializada en cuestiones inherentes al terrorismo, al narcotráfico y al crimen organizado, difundió un informe relacionado con un escrito del Sr. Mike LA SUSA en el que se trató “la militarización de la ARGENTINA para la lucha contra el narcotráfico con el apoyo de los EE.UU y de ISRAEL”. En el informe se destacan estos conceptos, a saber:

  • Hay evidencias que indican que el despliegue de las FF.AA incrementa la violencia en lugar de dar más seguridad a los ciudadanos.
  • Las FF.AA no están para proteger derechos civiles o para introducirse en asunto que derivan hacia procesos judiciales.
  • La estrategia de Seguridad Interna puede conducir a la violación de los DD.HH.
  • El presidente MACRI, con su propuesta de campaña “duro contra el crimen”, encontró eco positivo en el 60 % de los ciudadanos como para ejecutar operaciones contra el crimen organizado.

Cierto es que el presidente MACRI ha establecido que lucha contra el narcotráfico (LcN) es uno de los tres ejes de su política para la gestión de gobierno. Tanto que el 30 de Agosto presentó el plan denominado “ARGENTINA sin narcotráfico”. Lo previsto allí en cuanto a las FF.AA coincide con lo expresado por el Ministro en FRANCIA.

Se trata ahora de demostrar que la participación de las FF.AA tal como se ha establecido, y aún contando con los apoyos exteriores señalados, no significa militarizar la lucha contra el narcotráfico.

CONSIDERACIONES.

Por el momento, estos asuntos indican limitaciones serias que afectan a las capacidades militares de las FF.AA para el cumplimiento de cometidos concretos que se apartan de los tradicionales, como ser la LcN:

  • En la Constitución Nacional (CN) se establece que el PEN habrá de declarar el estado de sitio en uno o varios puntos del país en caso de ataque exterior, por un tiempo limitado y con acuerdo del Senado (Art. 99, N° 16). En caso de conmoción interior por efecto de las personas o de la naturaleza, prevalecerá la atribución del Congreso (Art. 75, N° 29).
  • La política de Defensa es de responsabilidad del PEN en tanto que la de los Militares será la de obtener los mejores resultados en la aplicación de la estrategia y las tácticas militares que hacen al empleo de los elementos a comprometer.
  • El Decreto PEN 727/2006, que reglamenta a la Ley 23.554/1988 (Defensa) establece que “…las FF.AA solo deberán oponerse a las FF.AA de otros Estados…”.
  • Concordante con lo precedente, la inexistencia de un Planeamiento Estratégico Nacional y Militar Conjunto (PENMC), instrumento esencial para la preparación militar, el despliegue operacional y el desarrollo de las operaciones, impide, racionalmente, la ejecución de operaciones contra el narcotráfico mediante un plan de alternativa anexo a aquél.

El camino más directo hacia la solución del problema de la falta de SEGURIDAD NACIONAL, o sea, de la condición principal a alcanzar y mantener para evitar interferencias políticas, económicas, sociales y militares que puedan atentar contra el desarrollo de la Nación y el bienestar de sus habitantes, radica en lo siguiente:

  • Promover una política estratégica nacional que tenga en cuenta lo que sugiere la Resolución de la ONU de 1997 (Prevención de conflictos violentos), a saber, el empleo de recursos políticos, económicos, sociales y militares, en la medida de lo justo y necesario.
  • Las políticas sectoriales de DEFENSA NACIONAL con sus correspondientes estrategias.
  • El PENMC con ejes en estas consideraciones elementales, por orden de prioridades: 1) La legítima defensa de los espacios nacionales aéreo, marítimo y terrestre (Resolución ONU 3314/1974, Art. 3°); 2) El control sobre las NUEVAS AMENAZAS, (Ídem, Art. 4°), identificadas y definidas en la Declaración de la OEA sobre Seguridad en las Américas, emitida en MÉXICO entre el 27 y 28 de Octubre de 2003 (Confrontaciones sociales, Contrabando de armas, Crimen organizado, Usurpación de espacios vitales y de recursos naturales, Guerra psicológica a través de medios de comunicación, Migraciones, Narcotráfico, Terrorismo, Tráfico de personas y Subversión política).

Existe un impedimento legal de vieja data, asunto sobre el cual no se ha hecho nada para solucionarlo, asunto que, por otra parte, ocasiona una enorme confusión y pone en tela de juicio a las más recientes decisiones del PEN respecto de la participación de las FF.AA en la LcN.

Me refiero a que la Ley 23.554/1988 (Defensa) establece que “… el empleo de las FF.AA será para actuar en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo…”. Si esta ley hubiera sido correspondida como se hubo de establecer, es decir, si cada cuatro años (Gobierno entrante) el PEN la hubiera evaluado y sometido a la aprobación del CONGRESO, en ese ámbito se habría podido sugerir la modificación de la Reglamentación allí donde considera como agresión a la participación de las FF.AA de otros Estados, exclusivamente.

Ahora bien, en la siguiente consideración estaría la matriz de la enorme confusión existente, que alcanza a miembros de la Política y a muchos ciudadanos, también. Al respecto, la Diputada Diana CONTI, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional de la HCDN, expresó esto: “Como el crimen organizado internacional, el narcotráfico puede llegar a ser considerado un tipo de ataque exterior, por lo que lo de MACRI es correcto y está dentro del marco legal” (PERFIL del 06/09/2016).

Como están ahora los instrumentos legales básicos, las FF.AA pueden “… proporcionar cooperación logística en materia de seguridad cuando el Estado lo disponga…”, al decir del Sr. Presidente (Ídem anterior). Eso es, precisamente, un compendio de lo establecido en la Ley 24.059/1992 (Seguridad Interior) que no alcanza para suponer que con ese empleo se vaya a militarizar la LcN.

Por consiguiente, no se militariza esa lucha en la ARGENTINA, como supone la asociación civil ISC. Sí lo hicieron PERÚ (mientras tuvo apoyo firme de los EE.UU), COLOMBIA (en especial contra las guerrillas de las FARC), MÉXICO (contra los narcos) y BRASIL (contra el crimen organizado y los narcos y para sellar la frontera con PARAGUAY, en especial). En esos Países las FUERZAS ARMADAS intervinieron como lo hacen al entrar en operaciones: con elementos de combate, de apoyo de combate, de servicios para apoyo de combate y logísticos.

Interpreto que la organización civil ISC ha entendido que, según lo señalado por el Sr LA SUSA en su escrito, la venta de EE.UU a la ARGENTINA de doce aviones T C6 Texan Aircraf tiene por finalidad apoyar la LcN. Al respecto, es absolutamente imprescindible tener en cuenta que esas aeronaves son para la instrucción básica de pilotos y que la versión a adquirir no tendría armamento como para poder actuar contra aeronaves intrusas. Lo mismo ocurriría con los veinte helicópteros livianos que irían al EJÉRCITO y a la FUERZA AÉREA (N. Niebieskikwait, Clarín 21/05/2016). Puede decirse que ambos tipos de aeronaves servirían para observación y reconocimiento pero de ninguna manera para participar en posibles acciones de derribo, asunto que deberá ser legislado cuanto antes y como corresponde, tanto como hechas las previsiones de aeronaves adecuadas y de pilotos entrenados para que la FUERZA AEREA asuma la responsabilidad de la ejecución en el marco de lo que es su responsabilidad primaria en el control del espacio aéreo nacional, en toda circunstancia.

Siguiendo la línea editorial del escrito antes señalado, deduzco que la sugerencia que hizo en su visita al País Sr JOHN KERRY, Secretario de Estado de los EE.UU, en Agosto de 2016, apunta a que la ARGENTINA se involucre con más decisión en la atención y en la lucha referida a las NUEVAS AMENAZAS, excluidas de toda consideración en la Reglamentación de la Ley de Defensa (Dcto. PEN 727/2006), pese a que la posibilidad de incluirlas existe en la Ley 23.554/1988 (Defensa) cuando se señala que “… las FF.AA participarán ante agresiones desde el exterior…”. Es necesario recalcar que esas amenazas se dan en espacios diversos: 1) En el interior del Territorio, en una o más Provincias; 2) A través de las fronteras de la República, haciendo tráfico o atravesándolas en busca de refuerzos, protección o descanso. Por cierto que todas las acciones de las NUEVAS AMENAZAS se pueden ejecutar tanto en zonas urbanas como rurales.

Cuando el mismo autor hace referencia al apoyo a proporcionar por ISRAEL se me ocurre considerar que eso estaría dirigido a la capacitación en el área de Inteligencia, dado que su sistema operativo cuenta con el reconocimiento internacional. Pero dudo mucho de los resultados que se vayan a obtener por la desatención de la que es objeto ese campo de la conducción nacional y militar en la ARGENTINA, en esencia por las restricciones impuestas mediante la Ley 25.520/2006 (Inteligencia Nacional).

Hasta el momento, y muy probablemente en delante de no mediar las modificaciones legales imprescindibles, la cooperación de las FF.AA en operativos de seguridad en las fronteras seguirá siendo tan limitada como ineficiente, debido a que el apoyo es circunstancial y realizado con medios muy escasos e inadecuados. Cabe suponer, en el mejor y menos molesto de los casos, que en el Gobierno y en la Oposición se desconoce lo que significa la previsión para tratar de alcanzar y mantener la SEGURIDAD NACIONAL. Es que la previsión se hace en base a la atención permanente sobre este asunto que, a la altura de las circunstancias internas e internacionales, cobra inusitada importancia, a saber: La DEFENSA NACIONAL, que resultará de la aplicación de políticas sectoriales (ámbitos político, económico, social y militar) de corto, mediano y largo plazo, que requieran de una estrategia para anticipar los escenarios probables de tensiones, crisis y conflictos externos, así como los internos producidos por el hombre y por los efectos de la naturaleza”.

CONCLUSIONES.

Veremos cuán lejos se está en la ARGENTINA de utilizar el sistema militar para contribuir a la solución de asuntos considerados como de Seguridad Interior, de responsabilidad primaria del Ministerio de Seguridad, hasta el momento. Así, el actual empleo de elementos del EJÉRCITO y de la FUERZA AÉREA es mínimo, limitado y circunstancial porque que no hay planificación operacional.

La primera definición de “militarizar” hace referencia al empleo del sistema militar. Éste se halla compuesto por normas, técnicas, procedimientos y medios que, en su conjunto, se utilizan para la obtención de un objetivo determinado en magnitud, espacio físico y tiempo. Si agregamos que podrán actuar las FF.AA, estamos diciendo que lo harán la FUERZA AÉREA, el EJÉRCITO y la ARMADA, lo cual significa que las operaciones serán conjuntas, procedimiento muy normal y positivo en cuanto a que se aprovechan las capacidades adaptables de cada una de ellas.

La CN autoriza a precaverse de los ataques del exterior y de los casos de conmoción interior por efectos de las personas y de la naturaleza. En el caso de la LcN se cumplen acabadamente esas dos condiciones. En primer lugar habrá que declarar el estado de sitio que, traducido al sistema militar podrá significar la instalación de una Zona de Seguridad (superficie de territorio bajo control operacional militar). Si la intención del PEN es de accionar en la frontera NORTE como objetivo principal, habrá que comenzar a pensar en eso, más cuando se conoce que el narcotráfico introduce la materia prima esencial a través de esa frontera, en especial, sin descartar el resto de la del Chaco Boreal (Paraguay y Brasil).

En esa Zona y en el marco de la LcN, las operaciones militares terrestres a desarrollar serían estas: Cerco, Rastrillaje, Emboscadas y Golpe de mano sobre instalaciones. Estas operaciones se clasifican como No Convencionales porque no utilizan la totalidad de las disponibilidades militares. Las Unidades de Monte del EJÉRCITO y sus helicópteros están especialmente capacitados para el desarrollo de esas operaciones. La FUERZA AÉREA podrá ejecutar el control del espacio aéreo con radares y aeronaves con capacidad de interceptación. La ARMADA apoyará a la PNA en el control de los ríos principales.

Para cumplir con lo precedente se hace imprescindible que el CONGRESO tenga en cuenta estas modificaciones sustanciales a introducir en la Ley de Defensa: 1) Establecer que las NUEVAS AMENAZAS son agresiones que pueden provenir del exterior; 2) Desarrollar la Ley de Derribo para aplicar ante casos inherentes a las NUEVAS AMENAZAS; 3) Sugerir al PEN que deberá establecer en la Reglamentación de la Ley que el empleo de las FF.AA será “contra agresiones provenientes del exterior”. Asimismo, deberá revisar las limitaciones que se contienen en la Ley 25.520/2006 (Inteligencia Nacional), dada la enorme importancia que tiene esa función, tanto externa como interna, para la LcN.

Una vez publicadas formalmente las modificaciones que autorizan el empleo de las FF.AA, y que el PEN haya establecido la Política para la LcN, es imprescindible confeccionar el respectivo Planeamiento Operacional puesto que aquéllas se preparan, despliegan y desarrollan las acciones impuestas por la misión ateniéndose al mismo. El empleo así previsto despejará toda duda sobre lo atinente a los DD.HH así como que no será objetivo interferir en los procesos judiciales.

Pero otras dificultades tendrán que ser resueltas en el Planeamiento de referencia. Es que las FF.AA, carentes de un sentido estratégico definido, pasan por dificultades tales como bajo presupuesto para operaciones, falta de personal para completar las fracciones tácticas, bajo nivel de entrenamiento, falta de materiales, deficiencias en muchos de los materiales existentes y obsolescencia de otros.

Como queda dicho, no se concibe una operación militar sin un planeamiento que la sustente. Por eso, cabe aquí hacer referencia a la “conmoción interior por efectos de la naturaleza”. Existe una previsión de empleo que se desprende de la Ley 24.429/1995 (Servicio Militar Sustituto), Cap. VII, Art (s) 21 a 29. Se podrá recurrir al empleo del personal civil que ha realizado la formación y el entrenamiento correspondiente para brindar servicio comunitario ante situaciones de ese estilo, que son muy difíciles de prever pero que requieren de una buena preparación previa y coordinación al instante para afrontarlas con éxito. Lamentablemente, ni el PEN ni el CONGRESO se han preocupado por el efectivo cumplimiento de esa obligación legal que hubiera dado como resultado contar en cada Provincia, y hasta en muchos Municipios, con personal y medios mejor capacitados para el socorrismo. Luego, aquí sí que la participación solicitada a las FF.AA será circunstancial, no planificada y basada en el apoyo logístico, fundamentalmente.

COROLARIO.

La ARGENTINA continúa soslayando la preparación de una Política de Estado para la LcN, de construcción multidisciplinaria, que fije pautas para que las estrategias sectoriales consecuentes e iluminadas por la Inteligencia Estratégica Exterior, puedan ser desarrolladas en el Territorio Nacional.

Mientras se consolide el planeamiento específico para la LcN, la actividad preliminar que tendrá prioridad en la ejecución será el control, la protección y la defensa de la frontera del Chaco Boreal con foco en el sector de BOLIVIA, a cargo de las organizaciones y medios a disposición del Poder Judicial, Aduana, Migraciones, Fuerzas de SEGURIDAD y POLICIALES y elementos logísticos de las FF.AA.

Pero aparece como claro que si el problema principal se genera desde esa Frontera hacia adentro del País, la participación de las FF.AA, en particular el EJÉRCITO y la FUERZA AÉREA, tendrá que ser considerada muy especialmente.

Y el acuerdo con BOLIVIA y PARAGUAY será fundamental para coordinar la LcN en la frontera del Chaco Boreal. El mismo podría producir efectos parecidos a lo ocurrido entre ESPAÑA y FRANCIA, en 1986: se logró suprimir a ETA en 2011.

 

C.A.B.A., 15 de Setiembre de 2006

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(*) El autor es Coronel (R), Oficial de Estado Mayor, Licenciado en Estrategia y Organización (IESE) y Coautor del “Proyecto FEDERACIÓN”, de Mutuales FFAA, Seg y Pol (s)

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