Apostillas… (al artículo del Dr. Malamud Goti)

APOSTILLAS A UNA CONFESADA VERGÜENZA PROPIA DE UN PROFESOR DE ÉTICA DE UNA FACULTAD DE DERECHO

Por: Silvia Marcotullio*

El profesor Jaime Malamud Goti, en una colaboración periodística en el diario La Nación del día 16/1/2019 (a cuya versión online www.lanacion.com.ar/2211349 me remito brevitatis causa) practica una encendida cuanto loable crítica a la última sentencia de la CSJ sobre el tema de la aplicación del “2 x 1” a los condenados en los “juicios de lesa humanidad” donde, contra Derecho, se les denegó el beneficio (salvo la disidencia de Carlos Rosenkrantz). Pero además se extiende en una serie de consideraciones a las que me referiré solo a algunas muy significativas.

Lo hizo en una suerte de ratificación -por una parte- de la legitimidad de los juicios originarios a las Juntas Militares y de los actuales y -por la otra- haciendo algunas observaciones sobre algunos “excesos”, muy interesantes por lo que expresan sobre el propio autor y de todo el contexto que rodea a esta tragedia que ya lleva casi treinta y cinco años y que la mayoría del pueblo por la lejanía en el tiempo ignora, con la contribución decisiva para ello del lapidario silencio, salvo excepciones, de los medios de comunicación.

Todo lo dicho por el profesor de ética en una mezcla de vergüenza y culpa (pero con resguardos) que más que una auténtica exteriorización de lamento genuino que no descarto porque solamente él puede saberlo, por lo que se ve -la incertidumbre social-política que se vive- y por lo tardío de sus manifestaciones, tiene la apariencia del arrío del barrilete. Él mismo se refiere al riesgo de “estar condenados a …describir una y otra vez el transcurso de un tiempo circular”. Lo dicho por el profesor de ética, aplicado al caso, explicaría la intención de ovillar el hilo, por lo menos en lo que a él le toca.

Me concentraré en un par de cuestiones:

1) Admite expresamente, “En 1983, cuando el gobierno de Alfonsín proyectaba los juicios, tomamos la decisión de centrar la persecución penal en los militares…”, que él estuvo en el núcleo de los decisores de esa política adoptada. Seguramente le habrá sorprendido que el tribunal civil que condenó a las Juntas reconociera que se trató -la lucha contra el terrorismo- de una guerra contrarrevolucionaria; lo cual significa que los imputados y condenados por esa decisión política en la que el profesor de ética colaboró, fueron sacados de sus jueces naturales: los tribunales militares; así ocurrió también muchos años después con los juzgados desde 2004 en adelante.

2) Reconoce que hay detenidos ilegalmente con prisiones preventivas de “hasta diez años” (en realidad algunos con más años detenidos); como así mismo que no reciben la atención médica que merece “el más aborrecible criminal”. No sé si antes se expresó en este sentido pero hoy parece un poco tardío: ya van más de 460 muertos a quienes se les adelantó el deceso por las condiciones ignominiosas de detención, cuestión absolutamente previsible (homicidios). Pero la confesión es restringida, omitió pronunciarse sobre la ilegalidad de los juicios por prescripción de la acción (desde el 2004 en adelante); ahí hubiera tenido oportunidad de pronunciarse también contra la mayoría de la Corte -como lo está haciendo ahora por el 2 x 1- siguiendo el ejemplar voto de Carlos Fayt; probablemente no lo hizo porque comparte la tesis zaffaroniana de aplicación del derecho consuetudinario en el derecho penal… Tampoco aludió a la inmensa cantidad de condenas sin pruebas con grado de certeza, asunto que es imposible que desconozca.

3) En realidad, la intención aparente es ratificar que todos (desde generales hasta agentes de policía) son criminales; así expresó que el mal trato que ha señalado que están recibiendo, muestra que un segmento de la sociedad ha decidido transformar criminales en enemigos. Esa expresión es muy significativa porque es demostrativa de varias cosas:

(1) afirmar la calidad de criminales de todos los sometidos a proceso sabiendo cómo se los está juzgando; con esa base de calificación sería razonable suponer que así se estaría tratando in extenso a todo el estamento militar y policial.

(2) Al no explicitar a qué se está refiriendo, es legítimo deducir que para él, implícitamente, la categorización de enemigos es un ascenso en la escala descalificante: es decir que es peor que la de criminales.

(3) Al admitir tácitamente el profesor de ética que no hay leyes, reglamentos, protocolos (como sí lo había en los regímenes nazi y estalinista) que determinaran rigurosamente un sistema paralelo de “derecho penal del enemigo”, resulta evidente que todas las arbitrariedades que lo preocupan y se vienen produciendo desde hace muchos años, son producto de la discrecionalidad de jueces omnipotentes.

(4) Atribuirle a la sociedad una actitud vergonzante frente a esta cuestión (y así, de paso, DILUIR LAS RESPONSABILIDADES) es una falsedad o error de percepción, esto último no admisible en su nivel intelectual y por su grado de participación en esta historia; como tampoco lo es que considere que en la guerra contrarrevolucionaria “al frente” se encontraban solo “bandas de izquierdas (cuyo único delito era) obligar a los concurrentes a los actos universitarios o públicos a brincar para evitar el mal trato que merecían” …; ¿el ERP, Montoneros y Santucho con su millón de muertos prometidos no lo interpelan al profesor de ética sobre ese reduccionismo?

(5) En realidad, por la ignorancia o indiferencia de la mayoría del pueblo sobre lo que ocurrió y está ocurriendo – desde 1960 hasta ahora- y de lo que nunca participó y miró siempre de soslayo, las resoluciones judiciales son por cuenta exclusiva de los jueces y de los poderes políticos que se lo permitieron e instigaron.

En todo caso sí hay grupúsculos bien organizados, cuyas directivas a que responden no es este el lugar para analizar, con un gran poder de presión; nada más que eso.

Durante mucho tiempo los responsables creyeron -en una interpretación más favorable que excluye decisiones geopolíticas más profundas y de más largo alcance- que con estos juicios al mundo le estaban dando cátedra de cómo se juzga a los responsables de delitos de lesa humanidad, hoy la duda debe estar quitándole el sueño a más de uno.

En definitiva: solo les cabe esperar a ellos -los responsables- que al barrilete no se le haya cortado el hilo.

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(*) Silvia Marcotullio – DNI 9.999.644 – Exjueza de Cámara.

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