Ensayo critico sobre la guerra argentina contra el “coronavirus”

El artículo 28 de la Constitución, dice: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio

Por: Santiago Mario Sinópoli*

La “cuarentena” impuesta por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia del Coronavirus (Covid19), desde lo jurídico nos pone frente a medidas de muy dudosa legalidad, y también podría decirse ante cierta ausencia de normas jurídicas imprescindibles.

No todo lo que se está haciendo se ajusta a derecho, y la crítica se hace odiosa en una república “adormecida” por el temor.

En este contexto, la guerra presenta el cercenamiento de los derechos individuales. Se pone en práctica el adagio de los romanos que en circunstancias de conflicto decían: “La necesidad carece de ley”. El objetivo “militar” –figuradamente hablando– es el “virus” y este enfrentamiento va a implicar la existencia de daños colaterales, los cuales al parecer no se estarían midiendo adecuadamente. Todo sea por la misión principal, lo demás debe sacrificarse, como a veces las poblaciones civiles en zonas de conflicto.

¿Cuáles serían los daños colaterales, de esta guerra contra el “coronavirus”?

La primera consecuencia que se advierte es la limitación casi hasta la “asfixia” de derechos humanos o individuales, cosa que se hace entre un tono de voz admonitorio y medidas paternalistas, a veces como bondadosas.

Así, entre el miedo que se infunde y el matiz de buen padre, el Estado en su versión federal o local, nos ha puesto en una situación de excepción en cuanto al ejercicio de derechos civiles. La Constitución Nacional, en todo lo que es el “Sistema de Derechos”, el Poder Ejecutivo Nacional con la mera invocación de la realidad social y la existencia de una pandemia, puso en cuarentena el derecho humano: la libertad física (confina al domicilio legal), la igualdad (discrimina entre labores comunes y esenciales), la libertad a la intimidad (dispone cómo y dónde lavarse las manos y hasta cómo tener sexo), la libertad religiosa (suprime los actos en los templos), el derecho a la educación presencial (no se puede concurrir físicamente a las aulas), el derecho a reunirse públicamente (solo puede haber desplazamientos individuales a negocios cercanos), el derecho a casarse (no se oficia la celebración de matrimonios) , el derecho a trabajar, a comerciar, a ejercer industria lícita, contratar, navegar, a entrar y salir del país, etc.

No es menor el bloque de derechos constitucionales que se congelan en esta situación, la imposibilidad del ejercicio al aire libre impacta en la subjetividad psicofísica de los ciudadanos “acuarentenados” por no decir “acuartelados”, afectando de la misma forma al grupo familiar y al lazo social todo. Despertando además, otros “virus” que anidan en la Argentina como son el autoritarismo, la corrupción, y el hacer que la división de poderes, propia de la República, sea congelada.

Como sostiene Giorgio Agamben en el marco del Covid 19, el temor a contagiarse de otros, es otra forma de restringir libertades. Por más que se quiera presentar la guerra contra la pandemia como algo sin fricción social, sin anulación de individualidades, no es así. Esta tentación de “hacer el bien” por parte del Poder Ejecutivo, va acompañada por un Congreso que, abdicando de sus funciones, se puso en “cuarentena”, como si no fuese también gobierno de la República, y una Justicia que también se restringe en su rol de mantener el Estado de Derecho, al manejarse con el ritmo propio de la feria judicial.

En las guerras, las instituciones republicanas deben seguir vigentes, porque enfrentar al enemigo –para el caso un virus– es tema de las Instituciones y no solo de un Ejecutivo “coptado” por “infectólogos”, que encuentran un campo propicio para hacer su propia guerra, aquella que satisface su ego profesional y que a su vez debe mantener indemne su prestigio técnico.

Así las cosas, los habitantes de la Nación, quedamos en manos del Poder Ejecutivo Federal, de los Ejecutivos Provinciales y del Gobierno de la Ciudad y los Municipales. Todos con poderes de monarca.

So pretexto de la lucha contra la pandemia, quedan nuestras libertades, bienes y dignidad en manos del Presidente de la Nación, Gobernadores, Jefe de Gobierno de CABA, e Intendentes. Reitero, todos pasan a ser un páter familias, al estilo de la antigua Roma, junto con sus Ministros. Sus mandatos acompañados del miedo a la propagación del virus, trascienden en muchos casos los límites legales, nadie puede medir su razonabilidad. Sobre todo si la palabra final la tiene la nueva versión de sacerdotes de la divinidad: “los epidemiólogos”

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional que la abolió, sin fecha de terminación creíble, redujo a casi nada la libertad de cada uno de nosotros. Si bien es una medida de tipo sanitaria, no hay que dejar de ver que con una gravedad inusitada, nos tienen con detención domiciliaria.

Para ello el Ejecutivo usó el atajo constitucional de omitir el Congreso (autoaislado), emitiendo DNU con la sola invocación de las circunstancias excepcionales de tipo sanitarias, lo cual al parecer lo pone en una situación de un gobierno de poder absoluto, ya que el testeo de la razonabilidad de sus actos queda en manos de un Poder Judicial vacacionado.

¿Qué pasó con el Congreso? ¿Por qué no hace su aporte a la República? En los países democráticos sigue funcionado. ¿Cómo funcionó el Parlamento Inglés en la Segunda Guerra Mundial, aún bajo el ataque diario de los aviones alemanes? ¿Por qué nuestro Congreso, no tiene esa actitud patriótica?

Es por ello que se pone en jaque el artículo 28 de la Constitución, que dice: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio

Esta reglamentación es tarea del Congreso porque es función legislativa. Sin embargo la suplió el Ejecutivo a través de los DNU. Ante la emergencia es admisible, pero que este tipo de medida se haga una manera ordinaria de decir la ley, no es republicano.

Este tipo de “exceptocracia”, en cuanto anula derechos individuales, enferma de poder a los titulares de los distintos Ejecutivos y empiezan a sentirse reyes. Como diría Derrida, el soberano se transforma en bestia. Y agrego algo más de este pensador: la bestia para él se representa con el lobo y dice que este animal cuando avanza es a pasos de lobo, o sea no se sienten… Por ello es que se observa municipios que cierran de facto las calles de ingresos a estos, gobernadores que sacan de su territorio a habitantes de la nación y los “tiran” en otras jurisdicciones. Así, a paso de lobo nos fueron encerrando.

A esto se le suma que la burocracia del momento –los que mandan, diría José Luis de Imaz– junto a los titulares de los Ejecutivo, hoy son los epidemiólogos, que es donde se refugian los representantes del pueblo para salir airosos en su gestión, olvidándose que estamos en un gobierno de leyes y no de hombres, como diría Norberto Bobbio.

No hay gobernante que le diga a estos “epidemiológos-gobernantes”, que su función es opinar sobre su incumbencia y no ir más allá de su profesión. Uno los escucha pontificando por todos los canales de televisión, como si la vida de cada uno de nosotros solo soluciona sus problemas con una opinión médica. ¿Con esta opinión, me dirán cómo conseguir el pan nuestro de cada día?

¿No habrá llegado la hora de que el Presidente de la Nación, tome el consejo de los “infectólogos” como uno de los tantos que debería recibir para enfrentar el virus (economistas, empresarios, trabajadores, etc.)? ¿Dónde están los gremialistas pidiendo la apertura de los locales para que sus trabajadores puedan realizar actividades?

Técnicamente estamos en un estado de sitio sin haber sido declarado.

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que impone el DNU del Ejecutivo Nacional Nº 397/2020 –hasta hoy prorrogado–, con un “elegante rodeo” invoca en sus considerandos, para imponer una forma de cercenamiento de derechos individuales, solo tratados internacionales o a la OMS y no la Constitución, que prevé para situaciones tan graves como la que vivimos, el instituto del Estado de Sitio como único modo de producir constitucionalmente los efectos que se quieren con la cuarentena.

En nuestro país se han borrado derechos fundamentalísimos, a tal punto que, ahora como parte del aislamiento social y preventivo obligatorio, no se puede usar el libre albedrío y caminar hasta más de cinco cuadras de la propia casa.

Para semejante medida la situación que se vive por el Coronavirus, es conmocionante desde lo institucional. Para ello está el estado de Sitio. ¿Es duro disponer el estado de Sitio? Sí, pero esto es acorde con la gravedad de la pandemia. Es preferible un instituto severo como el estado de Sitio, que obliga a pensar seriamente una prórroga, que una mera declaración de emergencia sanitaria que bajo la apariencia de benévola, en sus efectos es un estado de sitio, pero se la extiende con suma facilidad con la sola mención de que el pico del contagio no llegó.

Dice el artículo 23 de la Constitución:

“En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.”

No hay dudas que la guerra contra el Covid 19 implica medidas excepcionales que limitan derechos individuales, pero esto debe hacerse dentro de los poderes extraordinarios que otorga la Constitución y no inventando institutos jurídicos fuera de ella. De esta manera se está invitando a que cada uno que detente poder, invente su propio plexo normativo, el que más le conviene, como han hecho o intentado hacer algunos gobiernos locales.

Hay constituciones más nuevas que prevén estados de emergencia intermedios al Estado de Sitio, ante catástrofes o calamidades públicas, como por ejemplo la de Chile, que tiene previsto el poder declarar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública en su territorio.

Nuestro texto no prevé expresamente el estado de Sitio por calamidades, por ello hay que encuadrarlo en “…conmoción interior…”, y no inventando clausuras de derechos individuales en forma total, al margen del texto constitucional. Se lo está haciendo, pero con una conferencia presidencial cada 15 días y la posterior emisión de un DNU que altera de base el sistema federal todo, ya que el Presidente de la Nación tiene como delegados de su poder a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de CABA.

Para ir a un ejemplo de cómo se debe ajustar este tipo de guerras, el Gobierno de Chile, sí actuó legalmente en su guerra contra el Covid 19, sujetando todo su accionar a su Constitución. La forma de encarar con valor y virtud republicana, se observa en el Decreto Presidencial del 18 de marzo.

Maneras distintas de plantear la legalidad de las medidas debido al “coronavirus”. En la Argentina se cercenan derechos individuales con un efecto propio del toque de queda, invocando lo que dice la OMS (…Esta disposición se adopta en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)…), mientras que en otros países (Chile, Colombia, Perú, Francia España), se funda la excepción en la ley suprema de la Nación.

La diferencia no es menor, en nuestro país no se siguió el correcto cauce jurídico constitucional y eso habilita a recurrir a más “ficciones legales”, para cercenar voluntades individuales, esto según lo marque no el gobiernos de leyes, sino el de los epidemiólogos, y los gobernantes que se escuden en la opinión de estos. La invocación de lo que recomienda la OMS puede servir para cualquier cosa. Incluso para abrir las puertas de las cárceles y permitir que los presos recobren su libertad sin pagar su deuda con la sociedad.

Lugar dado a las Fuerzas Armadas en la Emergencia Sanitaria.

En la cuarentena obligatoria, uno observa el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas, tales como hospitales campaña y cocinas de campaña para la distribución de alimentos en sectores de la población carenciados. Se han constituido en el país 14 Zonas de Emergencia a cargo de un Oficial Superior de las Fuerzas Armadas.

A diferencia de Chile que tiene la ley Nº 18.415 Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, que permitió al Presidente regionalizar el territorio nacional poniendo a un oficial superior de las fuerzas armadas a cargo de implementar todas las medias necesarias para la guerra contra el “coronavirus”, en la Argentina se le da un lugar disperso al elemento militar, aprovechando de su organización solo en la sanidad de combate, las funciones del rancho de tropa, transporte, disponibilidad de mano de obra para armar hospitales de emergencia, etc.

En principio, nada del empeñamiento militar se referiría a la seguridad interior.

Si uno lee la Resolución del Ministerio de Defensa 88/2020, puede advertir que el despliegue castrense es a los fines del apoyo a la comunidad o defensa civil. Es por ello que esta norma menciona en sus fundamentos a la ley de Defensa Nacional 23.554, en sus artículos 33 y concordantes, a la de Reestructuración de las Fuerzas Armadas Nº 24.984 en sus artículos 6 y concordantes y la ley del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil Nº 27.287 (SINAGIR), reglamentado por decreto nacional Nº 383/17.

Este organismo está presidido por la Jefatura de Gabinete de Ministros y según reglamentación su estructura operativa está conformada:

ARTÍCULO 17.– Son consideradas fuerzas operativas para actuar en el marco de las acciones desplegadas por el SINAGIR las siguientes:

a) Fuerzas Armadas.

b) Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

c) Fuerzas Policiales Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

d) Los sistemas públicos de salud.

e) El sistema nacional de bomberos, entendiéndose por este, tanto a los cuerpos oficiales profesionales como a los voluntarios previstos en la Ley N° 25.054 y sus modificatorias.

f) Los organismos públicos nacionales, provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES o municipales competentes.

g) Toda entidad privada que sea convocada por las autoridades de defensa civil.

Se suma además a este cuerpo normativo relacionado con el empleo militar en la lucha contra el Covid 19, el Decreto Nacional 712/2006, la Decisión Administrativa Nº 286/2020 y el DNU 260/2020.

En nada se menciona la ley de Seguridad Interior, en cuanto prevé la participación del instrumento militar respecto a acciones de apoyo a la comunidad, conforme a los artículos 26, 27 y concordantes.

Tampoco se cita a esta ley de Seguridad, para dejar salvado que las fuerzas armadas, aunque estén en apoyo a la comunidad están obligadas a la defensa de la jurisdicción militar o sea al espacio en que están actuando, que no se al refiere a las fronteras de un cuartel, sino en el lugar que están desplegadas.

Así las cosas, las fuerzas armadas estarían siendo empleadas “desarmadas” en funciones de apoyo a la comunidad.

No está claro en qué consiste el uso de helicópteros militares, que según las noticias periodísticas se encuentran en apoyo de la vigilancia de la circulación de personas y vehículos, para verificar si respetan la cuarentena.

En este caso, sí debería obrarse en base a la Ley de Seguridad Interior, cosa que las autoridades nacionales parece que desean soslayar.

Otro punto en el cual tampoco hay mucha claridad, son las bases legales y órdenes o reglas de empeñamiento –esto como la determinación por alcanzar un objetivo–. Este tipo de directiva u orden operacional, debería estar expuesta públicamente, ya que no solo el militar desplegado debe saber cuáles sus límites de actuación, sino que la misma población debería saber la magnitud del poder delegado por el Presidente de la Nación, que conlleva el despliegue castrense, y cuál es su competencia.

Nosotros tenemos como ya dije instituidas algo así como 14 zonas de emergencia militares por el Covid. Algunas conjuntas. Leí de un Jefe del Ejército, que es el despliegue militar más grande después de Malvinas.

No está previsto el uso de armamento. ¿Ni en defensa propia? ¿Entonces quién da la seguridad a la jurisdicción militar, en el sentido como lugar sometido al poder castrense?

Es saludable para la república la publicidad de los actos de gobierno, las operaciones de las fuerzas armadas por el Covid son un acto de gobierno. Su empleo y regulación jurídica del empleo deberían estar a la vista.

Deberían estar a la vista de quien lo quiera saber, las Reglas de Conducta Operativa que rigen la actuación militar en la emergencia sanitaria.

Escuché decir que no hay normas de este tipo porque las fuerzas armadas actúan sin portar armas.

Es que las Fuerzas Armadas siempre actúan bajo órdenes, llamadas en forma genérica Ordenes de Operaciones. Cualquier despliegue militar se hace en base a un cauce operacional. Son normas de empeñamiento o empleo, que pueden tener o no reglas de enfrentamiento.

Esas reglas deben hacerse conocer.

Es saludable para todos, particularmente para el militar.

“Cuentas claras conservan la amistad”

Buenos Aires, 23 de abril de 2020.

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(*) El autor es Coronel Auditor (R) e Integrante del Centro de Estudios para la Defensa Nacional (CEDEF) de la Universidad de Belgrano.

Comments

  1. José Guillermo Lamoglia says:

    Claro y bien fundamentado. Si realmente puede superar el nivel de «pura interpretación» debería constituir la base de una denuncia que busque hacer funcionar BIEN, TODOS LOS PODERES DE NUESTRA REPÚBLICA hoy maniatada por unos pocos «vivillos»… ¡¡¡Con la cómplice pasividad de todos nosotros!!!

  2. Natalia says:

    Excelente! Coincide cada palabra con lo que pienso y justamente la “tranquilidad” con la que dejamos que nuestros derechos se avasallen diariamente. “Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada (Edmund Burke).

  3. Me parece importante que este informe se transforme en denuncia, por lo menos para que la ciudadanía no diga que no fue advertida de lo que va vivir en un futuro cercano. Se esta notando fuertemente el accionar oculto y silencioso de ciertos personajes con mucho poder, acostumbrados a valerse de cualquier circunstancia para someter a los pueblos mediante procedimientos no muy legales. Es llamativo que el poder legislativo no quiera retomar su función legalmente, mediante los procedimientos contenidos en sus propias normas para hacerlo. Como pueblo estamos acostumbrados a menospreciar la política y creemos lo mejor es desentenderse. Cuidado!

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