Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA)

NACIONES UNIDAS (ONU)- DERECHOS HUMANOS- ALTO COMISIONADO

Hallazgos preliminares de la visita a la Argentina (8 al 18 de mayo de 2017)

18 de mayo de 2017

A invitación del Gobierno de la Argentina, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas realizó su segunda visita oficial de país entre el 8 y 18 de mayo de 2017. El Grupo de Trabajo mantuvo reuniones en la ciudad de Buenos Aires, así como en las Provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy, representado en esta ocasión por el señor Sètondji Roland Adjovi (Benín) y la señora Elina Steinerte (Letonia, Vicepresidente), acompañados por personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno de la Argentina por la invitación que le cursara para realizar la visita de país y por su colaboración antes y durante la misión. El Grupo de Trabajo tiene la intención de continuar el diálogo constructivo con el Gobierno respecto de los temas presentados en el presente informe.

Durante el transcurso de la visita, el Grupo de Trabajo se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, incluida la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, así como con diversas autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las Provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy. El Grupo de Trabajo quisiera también reconocer la contribución de numerosos actores de la sociedad civil quienes compartieron sus perspectivas sobre privación arbitraria de la libertad en la Argentina, en especial representantes de organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas, defensores de derechos humanos, abogados, académicos, legisladores, así como individuos que han sido privados de la libertad en algún momento o se encuentran actualmente en esa situación.

Las observaciones que se presentan hoy constituyen los hallazgos preliminares del Grupo de Trabajo. Luego se redactará un informe que el Grupo de Trabajo adoptará oficialmente y presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en su período de sesiones de septiembre de 2018.

El Grupo de Trabajo visitó diversas instituciones de privación de la libertad a nivel federal y provincial, entre las que se incluyen institutos penitenciarios, comisarías, centros de detención de menores y entidades psiquiátricas. Asimismo, entrevistó a una gran cantidad de personas que se encuentran actualmente privadas de su libertad.

A fin de determinar si una situación de privación de la libertad resulta arbitraria, el Grupo de Trabajo utiliza como referencia las cinco categorías detalladas en sus Métodos de Trabajo, a saber: 1) cuando resulte imposible invocar sustento jurídico alguno que justifique dicha privación de la libertad; 2) cuando la privación de la libertad sea consecuencia del ejercicio de determinados derechos garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3) cuando se haya incurrido en una violación grave del derecho a un juicio imparcial; 4) cuando aquellas personas que buscan asilo, migrantes o refugiados sean objeto de una detención administrativa prolongada, sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial; y 5) cuando la privación de la libertad constituya una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por cualquier motivo.

El Grupo de Trabajo brinda sus hallazgos preliminares acerca de la privación de la libertad y el correspondiente marco institucional, en el contexto del sistema de justicia penal, las discapacidades psicosociales y la migración.

Marco Constitucional

La Argentina tiene una compleja estructura y división de competencias entre el gobierno federal, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuentan con su propia constitución y legislación, además de sus propias autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por otro lado, el artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina otorga a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a las leyes nacionales y provinciales, lo cual faculta su aplicación directa por parte de las autoridades y tribunales internos. Es responsabilidad del gobierno federal garantizar que se cumplan todas las obligaciones jurídicas internacionales en todos los niveles dentro de su jurisdicción. La estructura federal del país no debería obstaculizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina.

B. Uso en exceso de la prisión preventiva

Conforme a la Ley Nacional 24.390 promulgada el 21 de noviembre de 1994, la prisión preventiva debe utilizarse con carácter excepcional. Debe decidirse la aplicación de dicha medida excepcional según cada caso, luego de haberse considerado ciertos factores relevantes como el riesgo de fuga y el de obstaculizar la investigación, así como la complejidad del caso. En vista de estos factores, el fiscal podrá solicitar y el juez imponer una prisión preventiva de duración razonable que, en principio, no debe superar los dos años y, en caso de concurso de delitos o su naturaleza compleja, puede llegar a los tres años.

Sin embargo, el Grupo de Trabajo halla que este marco legal no se refleja en las prácticas del Poder Judicial que tiende a otorgar la mayor parte de las solicitudes de prisión preventiva. Como resultado de ello, aquellos detenidos preventivamente constituyen alrededor del 60% de la población detenida dentro del sistema de justicia penal. Esta cifra era superior en algunas de las instituciones visitadas por el Grupo de Trabajo. Por ejemplo, el 75% de las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza lo estaba en calidad de prisión preventiva.

Además, el Grupo de Trabajo notó que muchas veces se excedía el límite de dos años para la prisión preventiva, lo que constituye de por sí un período excepcionalmente largo, y encontró personas que pasaron de cuatro a seis años en prisión preventiva. Se le informó al GTDA sobre otros casos de individuos que habían pasado hasta 10 años detenidos en el marco de esta figura. Si bien la ley prevé la separación entre detenidos bajo prisión preventiva y los condenados, el Grupo de Trabajo también observó que en muchos centros no se cumplía con dicha separación debido a una falta de espacio y aquellos en prisión preventiva quedaban sujetos al mismo tratamiento que los condenados. Dicha transformación de la prisión preventiva en una pena de facto sin mediar condena alguna es una violación de las disposiciones del Artículo 10 (2) (b) del Pacto.

Al Grupo de Trabajo le preocupa que la prisión preventiva que se extienda en el tiempo, el alto porcentaje de personas en prisión preventiva , asi como observa que existe una necesidad urgente de revisar esta práctica en la Argentina tanto en los niveles federal como provincial. El Grupo de Trabajo señala los avances positivos realizados en algunas provincias como Chubut para disminuir el uso en exceso de la prisión preventiva y alienta a las autoridades correspondientes a que continúen con sus esfuerzos. El Grupo de Trabajo reconoce las pautas y los lineamientos del Fiscal General de la provincia de Jujuy impartidos para los fiscales provinciales (mayo 2017) respecto de la excepcionalidad de la prisión preventiva y el uso de medidas alternativas a la privación de la libertad.

C. Existencia y aplicación de medidas no privativas de la libertad

Al Grupo de Trabajo se le informó que la legislación argentina dispone, en el nivel federal como provincial, de medidas no privativas de la libertad tanto en la etapa previa al proceso como con posterioridad al juicio. Aunque gradualmente se comienzan a utilizar con mayor frecuencia dichos métodos, tales como las pulseras o tobilleras electrónicas, existe todavía un alto porcentaje de prisiones preventivas.

El Grupo de Trabajo tomó conocimiento, por ejemplo, de que en la provincia de Buenos Aires, pueden aplicarse las alternativas a la prisión preventiva solamente en tres instancias desde que se reformara el Código Procesal Penal, Ley 11.922: para personas mayores de 70 años, para mujeres embarazadas y que estén amamantando, y aquellas con niños a cargo, y para personas con problemas serios de salud. En vista de la limitación en la posibilidad de su aplicación, dichas medidas no privativas de la libertad resultan ineficaces. Más aún, mientras la ley les permite discrecionalidad a los jueces para otorgar alternativas a la detención en otros casos excepcionales, dicha discreción es muy acotada y rara vez se utiliza en la práctica.

Durante la visita a algunas comisarías, muchas detenidas con prisión preventiva tenían niños menores de cinco años. Este hecho no afectaba su prisión preventiva y a varias se les había informado que únicamente podrían beneficiarse de las pulseras/tobilleras electrónicas si afrontaban el costo de los dispositivos.

El enfoque actual debe revisarse ya que no prevé una consideración automática de las medidas no privativas de la libertad cuya aplicación depende de la iniciativa por parte de la fiscalía o la defensa. Existe la necesidad de extender el alcance en la aplicación de estas medidas mediante una ampliación de los criterios de aplicación. Debe alentarse al Poder Judicial a aplicar medidas alternativas en todos los casos posibles y, en especial, en aquellas instancias en que las personas enviadas a un centro de detención irán a un entorno inadecuado o en condiciones de hacinamiento.

VII. Opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

El Grupo de Trabajo solicita que el Gobierno implemente en su totalidad las Opiniones que el GTDA adoptó sobre la Argentina.

Conclusión

Se han volcado en este documento los hallazgos preliminares del Grupo de Trabajo. En los próximos meses, esperamos mantener un diálogo constructivo con el Gobierno de la Argentina mientras llegamos a nuestras conclusiones finales en relación con la visita de país. Deseamos expresar nuestro agradecimiento al Gobierno por haber invitado al Grupo de Trabajo y señalar que esta es una oportunidad para introducir reformas a fin de abordar situaciones que pueden llevar a la privación arbitraria de la libertad.

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