Nota al Director Ejecutivo del ANSES por quita de Pensiones Honorarias

ASOCIACION DE ABOGADOS POR LA JUSTICIA Y LA CONCORDIA

 

Buenos Aires,       de junio de 2017.

 

Señor Director Ejecutivo de la ANSES

Lic. Emilio Basavilbaso

P  r  e  s  e  n  t  e

 

De nuestra consideración:

 

En nuestro carácter de Presidente y Secretario de la Asociación Civil de Abogados por la Justicia y la Concordia, conforme resulta de la documentación que en copia se acompaña adjunta, nos dirigimos a usted con motivo de la notificación efectuada a los titulares de la PENSIÓN HONORÍFICA DE VETERANOS DE GUERRA, en la cual, con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, se les amenaza con suspender el derecho al cobro de dicha Pensión Honorífica.

1.- La decisión se pretende fundamentar con el Dictamen N° 38.602 del 24 de julio de 2008 (Proyecto de resolución – Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra – Suspensión Preventiva – Ref.: Nota GAA N° 1077/2008), producido a requerimiento del entonces Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en el cual se realiza una errónea interpretación de lo establecido en el art. 6º del decreto 1357/2004.

Dicho artículo dice textualmente lo siguiente: “Los veteranos de guerra que hubieren sido condenados, o resultaren condenados, por violación de los derechos humanos, por delitos de traición a la Patria, o por delitos contra el orden constitucional, la vida democrática u otros tipificados en los Títulos IX, Cap. I y X, Cap. I y II, del Código Penal, no podrán ser beneficiarios de las pensiones de guerra a que se refiere el presente decreto.”

De su simple lectura resulta con toda evidencia que los sujetos alcanzados por la norma son los soldados que hubieren sido condenados o que resultaren condenados, es decir, tan sólo aquellos que, luego de haberse substanciado totalmente el proceso penal correspondiente, hayan recibido o recibieren una condena penal impuesta por sentencia de tribunal competente.

Dicho de otro modo, la norma nada dice ni determina respecto de quienes se encuentren simplemente procesados, pese a lo cual la ANSES pretende extenderla a aquellos, incurriendo en ilegalidad manifiesta.

Cabe señalar, en primer lugar, que el art. 6º del decreto 1357/2004, en tanto norma penalizadora que priva de un derecho adquirido, no es susceptible de interpretación extensiva o analógica. En tales casos sólo cabe circunscribirse a lo que literalmente expresa, máxime cuando ello tiene completa claridad.

En la especie, la expresión “hubiere sido condenado” presupone un hecho pretérito, como lo es la existencia de un proceso en el que haya recaído una sentencia definitiva; en tanto que “resultare condenado” refiere a un hecho sobreviniente al otorgamiento del beneficio, pero también precedido por un proceso penal concluido con sentencia definitiva de condena.

Resulta también de importante y necesaria consideración la presunción de inocencia de que goza cada uno de los titulares del beneficio previsional que se pretende suspender, groseramente desconocida por la ANSES, ya que ésta, sin que exista una sentencia de condena firme, considera fehacientemente probados los hechos que se imputan a los veteranos de guerra, importándole un ardite que esa determinación constituya el objeto de un proceso penal en curso.

Por lo cual y aunque parezca increíble, hay que recordar que el art. 109 de la Constitución Nacional prohíbe categóricamente al Presidente de la Nación, titular del poder Ejecutivo y responsable político  de la administración general del país (arts. 87 y 99 inc. 1°, CN), ejercer funciones judiciales. Prohibición que, lógicamente, se extiende a todos los órganos de la Administración Pública, centralizada o descentralizada.

 

2.- Debe recordarse además que el art. 17 de la Constitución Nacional consagra el principio de inviolabilidad de la propiedad, estableciendo que “ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de  sentencia fundada en ley”.

Pues bien, la Pensión Honorífica del Veterano de Guerra se encuentra comprendida dentro del amplio espectro de tutela que con relación a los bienes consagra la cláusula constitucional. Así lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia, in re Bourdieu, Pedro Emilio c/ Municipalidad de la Capital (Fallos 145:307), afirmando que “las palabras libertad y propiedad, comprensivas de toda la vida social y política, son términos constitucionales y deben ser tomados en el sentido más amplio; y la segunda cuando se emplea en los arts. 14 y 17 de la Constitución, o en otras disposiciones de ese estatuto, comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad; por lo que  los derechos emergentes de una concesión de uso sobre un bien público (de una sepultura), o de las que reconocen como causa una delegación de la autoridad del Estado a favor de particulares (empresa de ferrocarriles, luz eléctrica, explotación de canales, etc.) se encuentran tan protegidas por las garantías constitucionales  consagradas por los arts. 14 y 17 de la Constitución, como pudiera estarlo el titular de un derecho real de dominio”.

La Pensión Honorífica de Guerra, otorgada en los términos del art. 1º de la ley 23.848 y sus modificaciones y obtenida en virtud de la participación del beneficiario en la Guerra de Malvinas – hecho inexplicable para un tinterillo que intenta gobernar el mundo desde su escritorio -, es una prestación no contributiva, que nada tiene que ver con las pensiones graciables que pudiera otorgar el Poder Legislativo con base en el art. 75, inc. 20, CN. Aquella, por el contrario, se ha establecido también por el Congreso Nacional, pero en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 75, inc. 12, CN.

Es que dicho beneficio no constituye un mero favor o gracia concedido por el Estado a una persona y que aquél puede libremente disminuir o hacer cesar. La Pensión Honorífica de Guerra tiene el carácter de un derecho adquirido, cuyo goce sólo puede ser condicionado de manera sobreviniente por una causa expresamente prevista en la ley, ya que la prestación previsional no puede cercenarse ni retacearse (confr. mensaje de elevación ley 17.388).

 

3.- Lo expresado pone en evidencia que la decisión de la ANSES, en tanto asume el carácter de una sanción de naturaleza penal, viola la garantía de juicio previo, invierte la presunción de inocencia y lleva a mortificar al imputado más allá de lo que exige la detención preventiva dispuesta en sede penal (art. 18, CN). De esta forma la suspensión preventiva del beneficio encubre una confiscación e implica, en los hechos, el adelantamiento de uno de los efectos derivados de la pena accesoria de inhabilitación absoluta que – en virtud de lo dispuesto en el art. 19 inc.4 del Código Penal -, cabría al procesado en caso de ser declarado culpable en la causa correspondiente. O, como acontece en la especie, derivarlo del estado de mera sospecha que resulta del auto procesamiento con prisión preventiva, dictado en un proceso  judicial que no cuenta con sentencia firme.

Por ello solicitamos se dejen sin efecto las suspensiones del pago de las Pensiones Honoríficas de Veteranos de Guerra de Malvinas a sus legítimos beneficiarios, bajo apercibimiento de proceder a efectuar las denuncias e iniciar las acciones que resulten pertinentes.

 

Saludamos a usted atentamente.

 

   Carlos Bosch                          Alberto Solanet

      Secretario                               Presidente

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